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Por: María del Carmen Muñoz Sáenz
“no significamos nada en este territorio de nadie”.
Palabras de doña Luisa Álvarez.
Dona Luisa es una mujer, como muchas otras, que se dedica a la economía ilegal e informal en la frontera colombo-venezolana, que se cuestiona sobre la falta de literatura, foros, encuentros, conversatorios o investigaciones que recojan sus voces y reflejen todo el drama de lo que implica su identidad sexual o rol asignado socialmente, el cual las condiciona, limita o excluye de hacer parte de la mencionada integración fronteriza. De ahí que esta mujer exprese, a manera de reclamo, el abandono y la falta de reconocimiento de la que son objeto.
Quisiera empezar este ensayo precisando el concepto de género. Para este propósito, me suscribo a la versión antropológica que plantea Rubén (1975). En ella, afirma que el género ha sido definido como la interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. Tal interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales y prácticas; a discursos, normas, valores y relaciones. En otras palabras, a un sistema de sexo/género que da significado a la conducta de las personas en función de sus sexos. En consecuencia, el género estructura tanto la percepción como la organización concreta y simbólica de toda vida social.
En comunidades como las nuestras, en donde el tema de género es relativamente nuevo -pues con este concepto, desde los años 70 se empezó a enfatizar sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en el sentido de que eran construcciones sociales y no de origen biológico, el término ha tenido diferentes acepciones. Al igual que en la planificación para el desarrollo, se toma como un enfoque, categoría o indicador. Para el caso que nos ocupa, me referiré a este aspecto como una perspectiva, en razón que esta denominación hace referencia no sólo a la capacidad analítica sino a su potencial político capaz de transformar la realidad.
Desde esta perspectiva considero útil abordar las acciones o procesos que le apuestan a dinámicas de integración fronterizas. Estas, además de visibilizar la situación tanto de hombres como de mujeres en la frontera, contribuyen a entretejer alternativas para la misma integración, a partir de la solución o atención a diversas situaciones que resultan perversas para el desarrollo en ese territorio y que se evidencian en la cotidianidad.
Como lo mencionaba en algún momento doña Adela, en la frontera se encuentra una mirada diferenciada entre hombres y mujeres. Su conocimiento y experiencia en este territorio le permite re-conocer la vida de sus compañeras de jornada como para dar cuenta que buena parte de ellas son desplazadas, madres cabeza de familia, con bajos niveles de escolaridad y con familias fragmentadas. Esta condición las convierte en elementos atractivos para involucrarlas en actividades ilegales e informales, tareas a las que no se resisten por su responsabilidad en la atención de las necesidades básicas de la familia. En el caso de los hombres, la mayoría han sufrido los efectos de la violencia directamente por lo que no les llama la atención radicarse en ese territorio y están en constante búsqueda de oportunidades de movilizarse a otros sitios dejando a sus familias bajo la responsabilidad de las mujeres.
En el tramo de la frontera a la que hago referencia se encuentran, según autoridades estadísticas de la región, 1.104.609 personas. De ellas un 53% son mujeres y un 47% hombres.
La estadística señala más mujeres que hombres y esto se debe, en buena parte, a que los hombres, por razones del conflicto armado colombiano que se extendió a Venezuela, se han unido a estos grupos por falta de empleo. Otros se han desplazado por amenazas contra ellos o sus familias. Los que cuentan con hijos jóvenes abandonan la frontera con ellos para evitar el reclutamiento forzado por parte de los actores armados. El tema de tierras también es relevante, si cuentan con parcelas, las venden por cualquier precio para no perderlas del todo a manos de los grupos dedicados al cultivo y a la producción de droga.
Otro aspecto que ha incidido en la movilidad de los hombres y mujeres dentro de la frontera y que ha dejado a estas últimas en una situación bien difícil, ha tenido que ver con las desmovilizaciones que se efectuaron en años anteriores, cuando al parecer lo que se hizo al interior de los paramilitares fue un relevo de mandos, re-organización de sus fuerzas- ahora águilas negras-, y la diversificación de las formas de guerra en el territorio, las que se han venido materializando en muertes, masacres y desapariciones de miembros de la sociedad civil, según investigaciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento- CODHES-. Fruto de lo anterior, se ha revelado una disputa territorial por el control de los negocios ilegales que fluyen en la frontera, como el cartel de la gasolina, la extorsión a ganaderos, el tráfico de drogas y de armas, el control sobre el transporte que da cuenta, no sólo de la muerte de los hombres sino del asentamiento de mujeres desplazadas desde municipios aledaños a la misma y su involucramiento en las diferentes formas de supervivencia.
A esas problemáticas con las que viven estas personas se suma la dificultad para la adquisición de bienes y servicios. Por ejemplo el acceso a la salud en Venezuela para las mujeres gestantes y lactantes está a cargo de la Misión Barrio Adentro, responsable de atender a todo tipo de población en el primer nivel de asistencia. Casos muy cercanos a compañeras de doña Adela demuestran cómo han sido víctimas de xenofobia o negligencia por parte del personal encargado de la atención, el cual, al parecer, desconoce los Derechos de las mujeres. En Colombia, ocurre algo similar, solo que la atención está a cargo del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales-SISBEN-, con las limitaciones parecidas a las de Venezuela. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, de igual manera, se encuentran grandes deficiencias las que lamentablemente no se pueden documentar porque las mujeres no sienten confianza para hablar de estas cosas, no denuncian las irregularidades por temor a perder lo poco que tienen.
En cuanto al control de natalidad tenemos que reconocer que las mujeres de la frontera no tienen la cultura de la prevención o de la planificación. En esta población, dominantemente machista el control de la natalidad está a cargo de los hombres, independientemente de las múltiples dificultades que implica la crianza de los hijos. Este aspecto es mucho más marcado en las mujeres provenientes de sectores rurales que de los urbanos. En promedio cada mujer en la frontera es madre de 6 a 7 hijos, en el lado colombiano y, por parte del Estado del Táchira, es de 3.5 según el censo General de población y Vivienda del 2001. La mayoría de los hijos son menores de edad lo que les dificulta salir a conseguir trabajo para mantenerlos, por lo que consiguen recursos pidiendo dinero en los semáforos. En cuanto a la población venezolana, según el ACNUR (2004) “los hombres presentan un alto nivel de machismo y no aceptan que sus mujeres utilicen métodos anticonceptivos, ya que se cree que ellas los pueden engañar”, de ahí la dificultad de disminuir los índices de natalidad.
Sobre la escolaridad: Según rangos de sexo en el Táchira han tenido más posibilidades de escolaridad los hombres en un 52% que las mujeres en un 43%. En cuanto a los colombianos, aunque no encontré estadísticas sobre este aspecto, al indagar con diferentes personas de la frontera sobre su escolaridad manifiestan que han aprendido sus oficios: trabajo del calzado, costura, comercio; de sus familiares o amigos, de manera empírica y con eso se han defendido para impulsar sus negocios. Buena parte de esta población cuenta con algunos cursos de educación primaria, otros de bachillerato y una porción pequeña cuenta con educación superior. Las mujeres han adquirido experticia en el comercio y según la situación de la frontera van organizando sus negocios. Una de las actividades en las que más se ocupan es en la industria de ropa, pues no les exige papeles ni escolaridad, sólo saber elaborar una parte de la producción.
En lo referente a las consecuencias del conflicto armado: Según fuente de CODHES, entre 1995 y 2005 se desplazaron aproximadamente 17.998 mujeres –un 32.45%-. De ellas 14.951 asumen la jefatura femenina. Situación que no solo produce dolor y miedo por la fragmentación a la que es sometida la familia sino a la incertidumbre de la posibilidad de no volverse a ver. Una mujer desplazada afirma:
“cuando tuvimos que salir, primero nos vinimos para acá (Cúcuta), pero como no se conseguía nada de trabajo, mi mamá se fue con mis hermanos menores para Bogotá, mi hermano mayor se fue para Bucaramanga y yo me quedé acá, yo no me quise ir tan lejos. Hace más de dos años que nos los veo”.
Otra forma de violencia aún más visible en la frontera, es la falta de garantías laborales, pues ante la caída del Bolívar y el aumento de controles en la seguridad fronteriza, los dueños de buena parte de los negocios, los han cerrado o se han marchado y los que se han quedado desempleado/as, se han dedicado a la economía informal e ilegal como el contrabando de gasolina que, aunque implica un riesgo altísimo – por la sobrecarga del líquido en los tanques de los carros lo que ha ocasionado incendios de grandes proporciones comprometiendo la vida de quiénes contrabandean, también está presente la posibilidad de ser penalizados e ir a la cárcel-, sin embargo lo asumen por las gratificantes ganancias que representa el negocio.
En este capítulo las mujeres juegan un papel bien importante. La guardia venezolana y la policía colombiana someten a los hombres a requisas rigurosas, cosa que no ocurre con las mujeres, por lo que los hombres las inducen a pasar la gasolina y luego a comercializarla del lado colombiano; mientras que ellos pasan otro tipo de productos de manera ilegal como el cemento, la harina pan, por trochas alternas al puente internacional.
No sólo en el negocio de la gasolina se explota a las mujeres, encontré uno aún más descarado e invisible al control policial de la frontera, como lo ha demostrado el estudio elaborado por Ana Loly Hernández, en el que indaga cómo han explotado a las mujeres en las fábricas de pantalones ubicadas en la población de Ureña en el Estado del Táchira, comprometiendo tanto a venezolanas como a colombianas. Según este estudio realizado en 15 fábricas, registran una producción que se refleja en miles de piezas de blue jeans al mes, lo que implicaría una planta de personal amplia para cumplir con la elevada producción. Al revisar la nómina no supera 20 mujeres. Pues lo que hacen los responsables de dicho negocio es utilizar a esas 20 personas para cortar todas las piezas de los pantalones luego contratan, fuera de las empresas, a manera de satélites y sin ninguna garantía laboral -pues no hay registros de nada-, a grupos de mujeres para que continúen el ciclo intermedio de la producción que consiste en unir las piezas, empretinar, elaborar los ojales y pegar los botones, pagándoles por piezas. La parte final del trabajo lo realizan otros grupos de mujeres denominadas “despelusadoras”, las que desde sus hogares y con la ayuda de sus hijos se encargan de quitar las hebras y motas que quedan, luego de los procesos anteriores, hasta dejar completamente organizada la prenda. Este “trabajo” que desempeñan estas mujeres es retribuido por pieza y cancelado por debajo del valor real, lo que les obliga a mantener extenuantes jornadas de trabajo para lograr el dinero necesario y así resolver las necesidades inmediatas de sus hijos. Sin mencionar que no cuentan con garantías de salud, pensiones ni riesgos profesionales en caso de un accidente.
Todos los hechos relatados anteriormente nos dejan claro que los procesos de integración fronteriza, en caso que los haya, se realizan a unos niveles macro que no alcanzan a resolver los problemas básicos y cotidianos propios de escenarios fronterizos como lo expone Valero (citado en Pastrán 2006) en el que explica cómo la frontera está representada por espacios geográficos dotados de singular dinamismo, en donde actúan seres humanos con sus respectivos intereses, abarcando aspectos como la convivencia humana, el desarrollo económico local, la protección del ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, es así como este autor entiende las características para una verdadera integración. Aspectos que dista de lo que en este momento se vive en ese territorio y que contrariamente desdibuja lo que otros estudiosos de las fronteras, conciben como integración al invitar al aprovechamiento de posibilidades y a la convergencia, en el buen sentido de la palabra, de las capacidades potenciales de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones, de recursos, de instalaciones urbanísticas y capacidad de gobernanza de los Municipios o Estados que hacen parte de este territorio. Menciono la gobernanza porque, a pesar que no se refleje en la serie de irregularidades, más las que no he podido referir por falta de sustento aunque sea empírico-puesto que hay personas que no revelan ni su identidad ni situaciones que serían dignas de denunciar en diferentes entes de control-, existen normativas por parte de los dos gobiernos respecto de la regularización de la frontera. Por el lado venezolano encontramos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 15 que se establece lo siguiente:
“El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad”
Mientras que en la legislación colombiana la normativa que regula las acciones del Estado en la frontera, entró en vigencia desde el 23 de junio de 1.995, con el nombre de Ley No. 191, la cual establece un régimen encaminado al mejoramiento de la calidad de vida y a la educación. Se prescinde de obstáculos y barreras artificiales (Gutiérrez, 1999). De especial mención lo constituye en el hecho de que en dicha Ley se le otorga potestad y autonomía a los municipios fronterizos para la toma de decisiones cuando ello así lo amerite.
Si bien es cierto que estas disposiciones Constitucionales y de Ley promulgadas por los dos países respecto de los componentes y caracterización de la integración fronteriza, no especifica en ninguna de sus partes la perspectiva de género, por lo menos menciona los temas de calidad de vida, de inclusión, de desarrollo, que no pueden abordarse sin tener en cuenta, de manera clara, esta perspectiva, puesto que son hombres y mujeres los que le darán vida, rostro y sentido a cualquier posibilidad de integración y desarrollo fronterizo.
Esta perspectiva de género no solo ha demostrado durante las últimas décadas, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, ser eficaz para situar cómo la diferencia biológica se ha convertido en un factor de desigualdad social, económica y política entre hombres y mujeres. Sitúa en diferentes arenas (historia y cultura) los elementos de la desigualdad entre los sexos. En este sentido, el haber asumido el género como una perspectiva de análisis, ha permitido reconocer que sí hay desigualdad social y exclusión en contra de las mujeres. Reconocimiento que supone una serie de retos a los gobernantes en términos de materializar y ejercer un control político a lo que consagran en sus leyes y, de paso, sumar como eje transversal a la implementación técnica de los temas referidos a la integración fronteriza, la perspectiva de género, teniendo en cuenta la siguiente recomendación:
Buscar equilibrio y equidad en las relaciones entre hombres y mujeres de tal manera que se valoren la naturaleza, capacidades y potencial de cada uno. Se trata de invitar a revisar el análisis que se hace sobre el tema de desarrollo en la frontera, situándolo en un ámbito en que la exclusión y la desigualdad sean vistas como problemas sociales, culturales y políticos que afectan a su sociedad en general y no como un simple tema de feminismo alborotado.
Caroline Moser (1993) sugiere aplicar la planificación con perspectiva de género, con el objetivo de cerciorarse de que las mujeres una vez se empoderen, adquieran equidad e igualdad con los hombres en esta llamada sociedad del desarrollo.
Este reto de superar miradas patriarcales, de visibilizar el rol de las mujeres transformando visiones minimalistas de la cotidianidad en la frontera y las formas de distribución del poder, son claves para avanzar en el propósito integracionista que sugiere conjugar actores/as, sectores, gremios, recursos, voluntades públicas y privadas, de forma tal que la fotografía de fondo de ese panorama de integración, recoja las diferentes expresiones pluralistas del territorio sin prejuicio distinto al de mejorar la calidad de vida que busca formas alternativas al desarrollo. Sólo así, doña Luisa Álvarez encontrará su sentido de vida en ese territorio que pasará a ser de todos/as.
Bibliografía:
- Rubin, G. (1975), “El Tráfico de mujeres: Notas sobre la ¨economía política¨ del sexo”, en Lamas, M. (comp.) El género: La construcción cultural de la diferencia sexual, UNAM,, México, 1.996.
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desarrollo- CODHES-, (2005), “Hay Derechos”. Boletín informativo No. 64 de octubre 26 de 2005.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados-ACNUR. Notas del Archivo del “proyecto piloto de “transversalización” del enfoque de género y edad”. Venezuela, junio de 2004.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 82000) Gaceta Oficial No. 5453 (extraordinaria) de fecha 24 de marzo del 2000.Fuente: RSS-2005. Elaboración de UNIFEM
- Hernández, Ana Loly. ¿Cómo opera la explotación laboral contra las mujeres en las fábricas de pantalones ubicadas en la población de Ureña en el Estado de Táchira Venezuela?
- Pastrán, R (2006). Espacios fronterizos: una mirada desde la experiencia docente de pregrado. Ponencia presentada en el I Seminario Internacional. La frontera en su tejido social. UPEL-IPRGR,
- Moser, C.O.N. (1993) Planificación de Género y Desarrollo. Teoría, Práctica y Capacitación, Entre Mujeres-Flora Tristán, Lima, 1995.
